Todo empezó cuando me quedé en paro
En el año 2005 me quedé en el paro y tras tres años sin encontrar trabajo mi madre nos tuvo que dar una cantidad para poder cubrir la hipoteca, así como para cubrir los gastos de la casa, colegio, etc.
En el 2008, por fin encontré trabajo, pero con lo que cobraba no me daba para poder devolver la cantidad prestada por mi madre. En principio, trabajaba 8 horas y gracias a un comentario que hice al encargado de la fábrica, pude trabajar los fines de semana por horas, lo que supuso una buena ayuda, pero seguía sin ser suficiente.
Entonces, a los 2 años de estar trabajando, pudimos pedir un crédito y devolver la cantidad a mi madre. El trabajo se implementó 16 horas diarias, además de los fines de semana.
Pero empezó nuestro calvario.
Como generaba muchos ingresos, decidimos reformar nuestra casa por problemas de espacio, y solicitamos el segundo crédito. La entidad bancaria de la que somos clientes, también nos dio la oportunidad de disponer de diversas tarjetas revolving, que nunca terminas de pagar y se convierten en una letanía.
Mientras trabajaba, con el sueldo que ganaba no tenía ningún problema para pagar todos los gastos y asumir el pago de los préstamos y tarjetas.
Entonces, una de mis hijas tomó la decisión de independizarse, y se fue a vivir a Niza. Los primeros años fueron duros para ella, por lo que la ayudamos a sufragar sus gastos: le enviamos dinero, le hacíamos la compra y se la enviamos por mensajería e íbamos todos los fines de semana que no tenía que trabajar. Los gastos se fueron incrementando.
Así estuvimos alrededor de 10 años pagando religiosamente. Ahora bien, debido a la crisis financiera de 2008, en la empresa donde trabajaba, observaba que las ventas disminuían y empecé a temerme lo peor. Empezaron los recortes. Dejé de trabajar los fines de semana y hubo una reducción de jornada. Solicitamos otro crédito para tapar agujeros y de esa manera no notar el descenso en la calidad de vida. Finalmente, a los dos años, la empresa cerró.
Cuando la empresa echó el cierre, resulta que había constituido una sociedad unos meses atrás, de la cual era autónomo societario, sin darme tiempo de realizar los cambios necesarios para nombrar administrador a mi mujer. Al ser autónomo y trabajador por cuenta ajena de forma simultánea, no tuve derecho al subsidio por desempleo, ni tampoco pude cobrar las nóminas pendientes o el finiquito. Por este motivo, tuvimos que solicitar otro crédito a pesar del estrangulamiento financiero que ya era ineludible.
Con este crédito pudimos estirar las finanzas un año más, pero ante la imposibilidad de encontrar trabajo, y del retraso en el cobro de la indemnización de la anterior empresa, no nos quedó más remedio que buscar una solución definitiva. Mi mujer estuvo indagando y leyó sobre la Ley de Segunda Oportunidad.
Hablamos con unos abogados que nos explicaron la Ley de Segunda oportunidad sin profundidad, pero decidimos no contratarlos, ya que no nos proporcionaron ninguna confianza, al solicitarnos unos honorarios elevados al contado.
Hablamos con otros abogados, que también nos explicaron la Ley de Segunda Oportunidad, con más detalle. Nuestra principal preocupación era mantener la vivienda familiar, que estaba hipotecada.
Deliberamos en casa y al final nos decidimos por contratarlos, así que les pedimos el contrato, lo firmamos y de esa manera nos acogimos a la Ley de la Segunda Oportunidad.
En los primeros meses, tuvimos que rellenar constantemente formularios y aportar documentación. Además, cada vez hablábamos con una persona diferente, y nuestra principal preocupación era qué pasaría con la vivienda familiar. Siempre nos respondían que no la perderíamos.
Tras las llamadas insistentes de los acreedores y también de las empresas de recobro, que ejercen una presión inaudita, llamándonos más de 20 veces al día, a nosotros, a nuestros familiares y hasta en el trabajo.
Pasaron las semanas y seguíamos en la fase 1, según nuestros abogados:
Fase 1.- Recopilación de datos y rellenar formularios (dos meses)
Fase 2.- Revisar el formulario y firmarlo (dos meses)
Fase 3.- Departamento notarial (dos meses)
Fase 4.- Firma en el notario para que adjudiquen mediador concursal.
Fase 5.- Proponer a los acreedores el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP).
Y si no hay acuerdo se pasa a la Fase 6.-
Fase 6.- Juzgado
De la fase 1 a la fase 2 fue un calvario, debido a las constantes llamadas que recibíamos de las empresas de recobro que nos acosaban.
En la fase 3, nuestros abogados cometieron un grave error, ya que, al ser autónomo, debieron haber enviado la documentación al Registro Mercantil, pero no lo hicieron porque lo enviaron al Colegio de Notarios de Madrid, que rechazó el proceso.
Tras este error, el Registro Mercantil tuvo que realizar algunas subsanaciones, como, por ejemplo, darme de alta como Empresario Individual, requisito imprescindible para poder acogerme a la Ley de Segunda Oportunidad. A partir de aquí todo fue muy rápido.
Se nombró un mediador concursal en 15 días aproximadamente y se propuso a los acreedores el Acuerdo extrajudicial de pagos, que nadie aceptó. Una vez firmadas las actas de asistencia, el mediador concursal nos comunica que seguramente la vivienda familiar entraría en el acuerdo.
Gracias a una nueva tasación, que fue más o menos igual que el valor de la hipoteca, pudimos mantenerla.
El 13 de enero del 2020, recibimos notificación del Juzgado de lo Mercantil de Madrid que nos concedían el BEPI (Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho) con la exoneración de 191.197,94 €.
Tras pensar que nos quitarían la vivienda, gracias al administrador concursal pudimos conseguir el BEPI y mantenerla.
Moraleja, no os endeudéis para pagar otras deudas, pues nunca funciona, y si os veis en situación de sobreendeudamiento, poneros en manos de profesionales que os asesoren correctamente.
