Hacienda nos dio la puntilla
En 2003, con pocos recursos y mucha ilusión, un padre y su hijo montaron una empresa de construcción de obra civil, dedicada principalmente a la canalización de gas y electricidad. Los comienzos fueron buenos y en poco tiempo llegaron a tener 15 empleados y un parque de maquinaria considerable. Los bancos acompañaban y la actividad crecía con normalidad.
En 2008, con el plan “E” del Gobierno, los ayuntamientos impulsaron numerosas obras públicas, lo que generó una gran carga de trabajo. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando los pagos de las administraciones empezaron a retrasarse de forma significativa. Esto obligó a la empresa a financiarse constantemente para poder mantener la actividad.
Con la llegada de la crisis financiera, el acceso al crédito se endureció y la situación se volvió insostenible. La empresa acabó cerrando, pero quedaron las deudas personales, los avales y, especialmente, la deuda con Hacienda.
Me llamo Javier y esta es mi historia. Una historia que empieza con un negocio familiar lleno de ilusión junto a mi padre y termina con una situación de endeudamiento grave que afectó no solo a lo económico, sino también a lo personal y familiar.
La presión de las deudas, los avales personales y las reclamaciones de la Agencia Tributaria generaron una situación de estrés constante que acabó por desbordar completamente nuestra vida.
Corría el año 2003 cuando, con unos ahorros modestos y mucha ilusión, constituimos una Comunidad de Bienes para desarrollar un negocio de obra civil. Trabajar junto a mi padre era un reto personal y profesional muy importante para mí.
La actividad consistía principalmente en canalizaciones para empresas de gas y electricidad. Mi padre tenía experiencia en el sector, lo que permitió que el negocio creciera de forma progresiva. Poco a poco fuimos incorporando trabajadores y adquiriendo maquinaria para poder asumir nuevos proyectos.
Gracias a la buena evolución inicial, no tuvimos problemas para financiar las inversiones mediante leasing y préstamos, que en muchos casos avalábamos personalmente.
En 2007, la empresa ya contaba con 15 empleados y una estructura de maquinaria considerable. Todo parecía consolidado y con proyección de futuro.
Sin embargo, en 2008 llegó la crisis financiera. En un primer momento, incluso conseguimos mantener el nivel de actividad gracias al impulso del plan “E”, que generó numerosas obras públicas en ayuntamientos y diputaciones.
El problema apareció en los plazos de pago. Las administraciones comenzaron a pagar con retrasos superiores a 200 días, lo que provocó una grave tensión de tesorería.
Esto nos obligó a recurrir a nueva financiación para mantener el circulante, justo en un momento en el que los bancos empezaban a endurecer las condiciones de crédito.
La situación se agravó rápidamente. Los proveedores exigían pagos al contado, los bancos restringían el acceso a financiación y la liquidez de la empresa desaparecía.
En medio de esta situación, apareció la Agencia Tributaria con una inspección que derivó en sanciones y multas superiores a 100.000 euros, tanto para la empresa como para mi padre y para mí a nivel personal.
A partir de ese momento, la situación se volvió completamente insostenible. La empresa tuvo que ser liquidada, los trabajadores fueron despedidos y la maquinaria fue absorbida por las entidades de leasing.
Mi padre se jubiló con una pensión reducida tras toda una vida de trabajo, y yo tuve que incorporarme al mercado laboral por cuenta ajena con un salario limitado.
A pesar del cierre de la empresa, las deudas personales continuaron. Los préstamos, los avales y las reclamaciones de Hacienda seguían activos, y la Agencia Tributaria llegó incluso a embargar mi nómina.
La situación era crítica, ya que los intereses y recargos hacían que la deuda no dejara de crecer, incluso con embargos mensuales.
En este punto, y tras años de presión económica, conocí la posibilidad de acogernos a la Ley de Segunda Oportunidad a través de un abogado de confianza.
Tras iniciar el procedimiento con asesoramiento especializado, conseguimos la exoneración de una parte importante de las deudas mediante el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).
Sin embargo, los créditos de derecho público, especialmente los vinculados a Hacienda, han supuesto una dificultad adicional dentro del proceso, manteniendo embargos y complicando la plena recuperación económica.
